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Con la finalidad de socializar hallazgos de investigaciones respecto a la distribución de beneficios realizados por CIFOR en Perú y otros países, crear conciencia sobre las implicancias y compromisos respecto a la reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques, y promover la participación de múltiples actores, el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) en asociación con el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCBCC) del Ministerio de Medio Ambiente (MINAM), organizó el taller “Elementos clave en el diseño de un mecanismo de participación en la distribución de beneficios de REDD en el Perú».
Durante el evento se presentaron los resultados de investigación sobre el estado de la distribución de beneficios en el Perú que forma parte del «Estudio Comparativo Global de CIFOR sobre REDD+» y se generaron espacios para discutir el valor de los resultados, la eficacia de las estrategias actuales e intercambiar lecciones entre los participantes, que incluyeron representantes de gobierno, sociedad civil, gobiernos regionales, cooperación internacional y ONG vinculadas a las iniciativas REDD+.
Según indica la científica principal de CIFOR Anne Larson, la aproximación de la distribución de beneficios que CIFOR considera se enmarca en términos más generales, y no estrictamente como un mecanismo de política para la distribución de incentivos monetarios provenientes de los mercados internacionales de carbono.
Las razones que cita la investigadora son, en primer lugar que al no estar claro si las grandes sumas de dinero prometidas por la comunidad internacional se materializarán, es importante considerar los beneficios como incentivos que puedan ser aprovechados para alcanzar objetivos de política, como la reducción de la deforestación y la degradación forestal.
Quedan además muchas cuestiones políticas fundamentales sin determinar sobre las estrategias que podrían utilizarse para alcanzar los objetivos de REDD+, según indica, hay varios escenarios: la priorización de áreas protegidas, el monitoreo o la aplicación de la ley o los pagos por servicios ambientales dirigidos a los propietarios forestales o concesionarios y la adopción de un enfoque basado en derechos con hincapié en la tenencia.
“La idea de la distribución de beneficios sugiere que estos existen para ser repartidos entre varios actores, pero es muy posible que este no sea el caso”, explica Larson, quien considera que Brasil ofrece buenas lecciones en la región:
“Si el objetivo es reducir la deforestación y la degradación, Brasil nos brinda un excelente ejemplo de cómo se pueden utilizar los fondos para un enfoque múltiple que incluye tanto monitoreo como control, cambios institucionales (como la titulación de tierras) e incentivos. Por eso debemos considerar que no se trata solo de beneficios e incentivos, sino todas las estrategias que pueden ser utilizadas para generar un cambio de comportamiento”, dijo, agregando que “la mezcla de las estrategias que Perú seleccione determinará qué se entiende realmente por beneficios”.
La investigación que coordina Larson en Perú ha sido llevada a cabo en seis países, dos de cada región en el África subsahariana, el sudeste de Asia y América Latina y se enmarca dentro del Estudio Global Comparativo «Oportunidades y desafíos para el desarrollo de REDD+ mecanismos de participación en los beneficios en los países en desarrollo», financiado por la Unión Europea, el Ministerio de Ambiente de Noruega y la Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional (AusAid).