Nicaragua cuenta con una base legal sólida para incluir perspectivas de género en materia de bosques y recursos forestales debido a la existencia de garantías constitucionales y principios de equidad de género en gran parte del marco legal y de políticas de este país. Sin embargo, hay grandes vacíos: aunque las leyes y políticas que promueven la equidad de género mencionan a los recursos económicos y al ambiente, aquellas que se relacionan específicamente con los bosques no abordan el género o las mujeres. Además, la implementación del enfoque de género requiere de prioridades y mandatos más explícitos, presupuestos con fines específicos, recursos humanos, creación de capacidades así como estrategias y procesos de planificación que incluyan actividades de monitoreo, indicadores y evaluación sistemática.